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Las noticias inmobiliarias más destacadas de 2018

El año 2018 ha sido muy agitado en el sector inmobiliario. Una vez superada plenamente la crisis y en un escenario de precios al alza aunque con particularidades territoriales y diferencias significativas entre el mercado de alquiler y el de compraventa, el debate se ha centrado en las novedades normativas que han llegado de los tribunales y de los proyectos del Gobierno. Estas han sido las principales noticias de 2018.

 

 

El Supremo y el impuesto de las hipotecas

¿En quién recae el pago del impuesto de las hipotecas? Esta ha sido probablemente la gran polémica del año en el ámbito inmobiliario. Y lo ha sido por los constantes cambios de criterio y vaivenes que se han producido en estos doce meses.

Para explicarlo conviene empezar por los antecedentes: la constitución de una hipoteca lleva aparejado el pago de un impuesto (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Hasta el momento, el pago de este gravamen había recaído en el sujeto pasivo, es decir, en el comprador y no en el banco porque así lo establecía el reglamento del impuesto (BOE).

Este reglamento estaba en cuestión por distintos procedimientos judiciales. En febrero, el Tribunal Supremo se ratificó en que el pago corresponde a los clientes. Pero, el 18 de octubre, una nueva sentencia de este mismo órgano modificó la jurisprudencia anterior y atribuyó la responsabilidad de dicho impuesto a las entidades bancarias al anular, por ser contrario a la ley, el artículo correspondiente del citado  reglamento. Fue una decisión muy controvertida que sólo un día después quedaba en el aire por “su enorme repercusión económica y social”.

Finalmente, el 6 de noviembre, el Supremo corrigió su propia decisión previa y volvió al punto de inicio: la doctrina es que el pago recae en el hipotecado y no en el banco. Pero todavía quedaban un último giro que fue anunciado por el Gobierno, ya presidido por Pedro Sánchez, inmediatamente después de conocerse esa decisión del Supremo: se modificó el reglamento para que sean los bancos los que paguen el impuesto.

En conclusión: no hay posibilidad para los hipotecados de solicitar la devolución de lo que en su día pagaron, pero en adelante serán las entidades quienes asuman este gravamen.

 

Nuevo Plan de Vivienda 2018-2021

El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El Ejecutivo, todavía liderado por Mariano Rajoy, dotaba a la iniciativa de 1.443 millones de euros en ayudas. Los pilares de este Plan eran el fomento del alquiler y la rehabilitación y regeneración urbana y rural, siempre en colaboración con las comunidades autónomas que debían aportar también fondos y gestionar la concesión de las ayudas.

En concreto, el plan contempla subvenciones al alquiler, ayudas para las jóvenes, fondos para la rehabilitación y ayudas a la promoción de vivienda. Entre los expertos del sector inmobiliario, como no podía ser de otro modo, hay discrepancia en relación con sus efectos. Para algunos, es “positivo” porque podría facilitar el acceso a la vivienda a colectivos desfavorecidos y en entornos rurales, pero otros consideran que es “poco realista”, que incentivar en los jóvenes la vivienda en propiedad es un error del pasado y que podría incrementar aún más el precio del alquiler en las grandes ciudades.

 

 

Los precios y el alquiler

La evolución de los precios de la vivienda han sido una de las claves del año. El Índice Inmobiliario Fotocasa cifra en casi un 7% la subida de precios durante 2018 en la vivienda en propiedad con respecto a un año antes. En el mercado del alquiler, después de un año 2017 en que el mercado se encareció un 9%, en 2018 apenas lo ha hecho un 0,5%. Pero el debate público se ha centrado precisamente en el mercado de arrendamiento.

Tanto se ha hablado de esta cuestión que el Gobierno ha decidido, en este mismo mes de diciembre, un real decreto ley con medidas urgentes para tratar de favorecer el alquiler. Se trata de una iniciativa transversal que afecta a cinco leyes distintas con el objetivo de establecer, por ejemplo, plazos de alquiler más favorables al inquilino y nuevas limitaciones al alquiler turístico.

que el año acaba con nuevas medidas del Gobierno que , sobre todo en el mercado de alquiler, han sido otro de los temas del año. El intenso otoño de cambios normativos en materia de vivienda y hogar también que hemos tenido también ha afectado a la factura de la luz de quienes están en peor situación económica. El Gobierno aprobaba entonces un decreto ley que ampliaba los grupos sociales y los niveles de renta de quienes pueden acogerse al bono social eléctrico.

 

Desahucio exprés

El pasado mes de abril se aprobaba en el Congreso la Ley de Enjuiciamiento Civil “en relación con la ocupación ilegal de inmuebles”. Su objetivo es agilizar los trámites para poner fin a situaciones de este tipo en determinados supuestos.

Así, algunos de sus puntos clave es que sólo pueden recurrir al desahucio exprés particulares, administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, en ningún caso empresas o sociedades patrimoniales. Aunque esta norma acelera los plazos y procesos, sigue siendo necesario que intervengan abogado y procurador.

 

El Gobierno ampliará los límites de consumo del bono social eléctrico

 

Ley Hipotecaria

Acaba el año 2018 y la nueva ley hipotecaria aún no está en acabada. Esta Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (que este es su nombre completo) ha pasado su primer trámite parlamentario este mismo mes de diciembre, pero no se espera que su aprobación final y entrada en vigor se produzca antes de marzo de 2019.

En principio esta modificación tenía como objetivo trasponer ciertas normas comunitarias, pero se ha optado por hacer una modificación de más calado para aclarar algunas cuestiones que estaban generando inseguridad y un creciente número de procedimientos judiciales.

En general, tiene un enfoque de protección hacia los usuarios en su relación con los bancos que conceden las hipotecas: establece menos costes en caso de subrogación, más tiempo antes de que el banco pueda iniciar el proceso de desahucio, menos intereses de demora información más transparente…

 

Bono social eléctrico

El intenso otoño de cambios normativos en materia de vivienda y hogar también que hemos tenido también ha afectado a la factura de la luz de quienes están en peor situación económica. El Gobierno aprobaba entonces un decreto ley que ampliaba los grupos sociales y los niveles de renta de quienes pueden acogerse al bono social eléctrico.

Habrá, por tanto, más beneficiarios potenciales (como por ejemplo las familias monoparentales) que podrán acogerse a descuentos del 25% en su factura de la luz en el caso de consumidores vulnerables y del 40% para vulnerables severos.

Además, se aprobó también un nuevo bono social térmico para garantizar la calefacción durante los meses de invierno en todos los hogares. Los requisitos para acogerse a esta ayuda, que en este caso se abona mediante un cheque directo, son los mismos que para el bono eléctrico.

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Fuente: Fotocasa

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