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Elecciones 10-N: ¿Qué propone el PSOE en materia de vivienda?

Aunque los programas electorales de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre no incluyen apenas novedades, todos los partidos se esfuerzan en hacerle un lavado de cara a sus propuestas. En el caso del PSOE, para estas elecciones han elaborado el documento 35 compromisos sociales

Beatriz Corredor, Secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del Partido Socialista, responde a Fotocasa este cuestionario sobre las claves del programa de su partido en materia de vivienda. 

Fotocasa (FC): ¿Cuál es, a su parecer, la mayor prioridad que deben afrontar las administraciones en relación con el mercado de vivienda?

Beatriz Corredor (BC): La mayor prioridad es ampliar el parque de viviendas en alquiler, tanto privado como, sobre todo, público. España es uno de los países de la UE con menor porcentaje de viviendas públicas a disposición de las administraciones, lo que redunda en mayores dificultades para acceder a un hogar por parte de los colectivos con trabajos peor remunerados o precarios, específicamente las personas jóvenes, por los altos precios en el mercado libre. La edad media de emancipación en España ronda los 30 años, muy alejada de la de otros países equiparables al nuestro. Por tanto, dar acceso a una vivienda adecuada (y a un empleo digno) a la población joven de entre 18 y 35 años es básico para que puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones razonables.

FC: ¿Qué proponen ustedes para resolver ese asunto?

BC: Hay que trabajar en varios ámbitos al mismo tiempo. Por un lado, reforzar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en cuanto a la política activa de vivienda. Durante el período 2009-2016, el gasto público del Gobierno central, en materia de acceso a la vivienda disminuyó alrededor de un 65 %, (si en 2009 fueron casi 1600 millones de euros, en 2017 fueron 450) con una disminución desde el 0,3 % del PIB en 2009 al 0,15 % del PIB en 2016. Somos uno de los países de Europa con menor porcentaje del PIB destinado a la vivienda. Los presupuestos también deberían incluir una línea de ayudas para pago de alquileres, especialmente para los jóvenes. 

Otra de las iniciativas es construir viviendas destinadas al alquiler social, para lo que el Ministerio de Fomento ya ha encargado a SEPES la promoción de las primeras 20.000.

También apostamos por construir alojamientos protegidos en suelos públicos dotacionales, para que las administraciones competentes, sobre todo las locales, puedan atender las situaciones de emergencia habitacional (mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, personas desahuciadas de sus viviendas) y evitar la exclusión residencial.

Además, hay que ceder suelo público en derecho de superficie para abaratar la edificación de viviendas de alquiler protegido, haciendo posible la implicación del sector privado.

Otra de nuestras propuestas es incentivar fiscalmente la puesta a disposición de las viviendas vacías para el mercado de alquiler a precios asequibles. Para ello, es preciso disponer de un índice oficial de rentas de alquiler que dote de transparencia y certidumbre al sector, en lo que está trabajando desde hace varios meses el Ministerio de Fomento; este índice permitirá a las CCAA y Ayuntamientos aplicar con mayor precisión y eficacia las medidas que tomen en materia de alquiler en el ámbito de sus competencias.

Por último, también proponemos impulsar la rehabilitación de viviendas para favorecer su puesta en alquiler y ayudar a las administraciones autonómicas y locales a controlar y revertir la expansión de los alquileres con fines turísticos, con el fin de canalizar de nuevo esa oferta de viviendas hacia el alquiler estable.

FC: Un 50 % de los particulares considera que estamos próximos a una nueva burbuja inmobiliaria, ¿comparte usted este diagnóstico?

BC: La situación actual difiere mucho de la que se dio antes del boom inmobiliario desde 2006. Tanto el precio de las viviendas como el ritmo de construcción se encuentran alejados de las cifras de aquellos años (865.000 en 2006, 127.000 en 2018). Lo mismo cabe decir de la constitución de hipotecas (1.300.000 en 2006, 346.000 en 2018). Los consumidores son más conscientes de la importancia y consecuencias de firmar una hipoteca que, por otra parte, también los bancos están concediendo con criterios más rigurosos. Además, los bajos salarios no permiten a buena parte de las clases medias acceder a una vivienda en propiedad, lo que explica en parte la mayor demanda de alquiler

FC: En relación con la pregunta anterior: ¿qué medidas piensan llevar a cabo para evitar que se dé esta situación?

BC: Fundamentalmente, lo que ya hemos comentado en materia de alquiler como conceder ayudas para pagarlo. Además, desde marzo está en vigor la reforma de la LAU, introducida por el RDL 7/2019, que hace más estable y asequible el alquiler a través de medidas como el control de la subida de la renta al referenciarlo al IPC, la extensión del plazo de duración de los contratos (5+3 años o 7+3, dependiendo de si el arrendador es persona física o jurídica) o la limitación de avales y fianzas, entre otras.

El Gobierno tiene ultimada, además, una Ley Estatal de Vivienda, que no se pudo tramitar por el abrupto fin de legislatura, que parte del principio de que la vivienda es un servicio público de interés general, y que distingue al efecto el régimen jurídico de la vivienda protegida, la social y la asequible, para favorecer la formación de un parque público más amplio y también la implicación del sector privado.

Además, la nueva regulación de los créditos inmobiliarios para la vivienda habitual de las personas físicas ayudará a evitar en el futuro situaciones dramáticas de impagos y desahucios masivos. Asimismo, la fiscalidad (estatal) también ayuda a controlar la inflación en los precios, al no contemplar ya bonificaciones para la compra de vivienda.

FC: ¿Qué medidas proponen para incentivar la vivienda pública?

BC: En este caso, de todas las medidas ya mencionadas, es especialmente relevante la de incentivar la colaboración público-privada. Además de permitir que las administraciones locales puedan dedicar su superávit a la promoción de viviendas sociales, sería necesario valorar también alguna reforma fiscal para incentivar la construcción por parte de las empresas municipales de edificios destinados a alquiler social.

En España, además, no existe aún un sector profesional de entidades sin ánimo de lucro especialistas en la gestión y mantenimiento de parques públicos de vivienda, que sí están presentes en otros países, como ONGs o fundaciones.

FC: ¿Qué proponen desde el PSOE en relación con las viviendas vacías?

BC: Para empezar, es necesario definir qué se entiende por vivienda vacía, lo que platea numerosos problemas, especialmente en un mercado con un porcentaje de vivienda vacacional próximo a un tercio del total. Hay que incentivar su puesta en alquiler, como antes expresé, y también la rehabilitación de edificios y viviendas que por su estado de conservación no son aptas para el mercado. Para ello, además de ayudas para el pago de alquileres, es preciso reforzar los incentivos y ayudas para la rehabilitación.

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Fuente: Fotocasa

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